19.2.15

Desde la milpa se ve el mundo





Silvia Ribeiro*

Con esa frase nos recuerda Ramón Vera Herrera, de GRAIN y Ojarasca, la mirada desde la vida campesina, donde el entramado de relaciones de comunidades, mujeres, hombres, niños, maíz y mucho más que crece en la milpa, nos permite ver el horizonte con más claridad. Los senderos de la defensa del maíz y contra la invasión de los transgénicos son una afirmación contundente de ello.
El libro ¡No toquen nuestro maíz!, publicado recientemente por GRAIN (disponible en redendefensadelmaiz.net y grain.org), recoge muchas de estas manifestaciones en los últimos dos años y su confluencia con la defensa de la tierra y el territorio, con la lucha contra los despojos en campo y ciudad, con la vitalidad y resistencia desde los barrios, desde los jóvenes y muchos más. El mapa que se forma entre las muchas acciones y miradas nos permite entender más profundamente lo que está en juego, pero también ver el horizonte, respirar hondo y seguir caminando abrigados por lo colectivo.
Un buen ejemplo de construcción colectiva fue la elaboración de las acusaciones que se presentaron en la audiencia temática Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México (TPP), en la que confluyeron cientos de organizaciones y comunidades de todo el país, miles de personas. El libro refleja las voces de muchos casos presentados, los dictámenes de las pre-audiencias realizadas en Morelos, Jalisco, Yucatán, Hidalgo, Oaxaca y Distrito Federal durante 2012 y 2013, así como el dictamen final que emitió el jurado internacional recogiendo más de 300 casos y testimonios de todo el país.
Desde la resistencia a la contaminación transgénica de maíces campesinos en las comunidades y su trabajo de cuidar las semillas y la milpa, los testimonios críticos a los transgénicos de científicos comprometidos con la sociedad, a los despojos legales y/o violentos de tierra, agua, semillas, territorios, la contaminación con agrotóxicos y basureros, la colisión campo-ciudad, la violencia médica y obstétrica, la negación de la diversidad cultural, los asesinatos y persecución de quienes se defienden, la marginación y criminalización de jóvenes y la negación de su futuro, las trampas jurídicas para negar acciones legales justas, todo fue parte de las bases del dictamen del TPP, que entre otros puntos, concluyó que por los riesgos ambientales, a la salud y económicos a que se somete al centro de origen global del maíz, así como a la bases del sustento de los pueblos que lo crearon y legaron para bien de la humanidad, y en consecuencia a la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la experimentación, liberación y circulación del maíz transgénico en México.
El libro nos muestra también otros documentos y relatos de acciones, tanto nacionales como internacionales, de la resistencia ante la amenaza transgénica al centro de origen del maíz y a los pueblos que lo crearon. También menciona los señalamientos al gobierno por parte de organizaciones de Naciones Unidas y la recomendación del Relator Especial del derecho a la alimentación, Olivier de Shutter, para restablecer inmediatamente la moratoria a liberación al maíz transgénico, por sus impactos en la biodiversidad y los campesinos.
Esta amplia movilización nacional e internacional a muchos niveles significó que desde 2012 el gobierno frenara el otorgamiento de permisos para liberar maíz transgénico, tanto experimentales como comerciales. Un año después, a fines de 2013, este freno popular se afirmó con la aceptación de una acción colectiva para suspender las solicitudes pendientes, que está bajo ataque pero sigue vigente. No obstante, el libro muestra que pese a esta orden judicial, el gobierno siguió colocando en línea nuevas solicitudes de liberación de maíz transgénico con fecha 2013, por lo que hasta fines de ese año había 87 solicitudes pendientes de empresas trasnacionales para más de 7 millones 700 mil hectáreas. El documento detalla el tipo de transgénicos, en qué estados, cuánta superficie y qué empresas los solicitan.
Adicionalmente y violando nuevamente la orden de suspensión, el gobierno publicó cuatro nuevas solicitudes de maíz transgénico en 2014. Además de que antes había aprobado cientos de miles de hectáreas de siembra de soya transgénica, una amenaza brutal a comunidades, sistemas naturales y apicultura en la península de Yucatán, hechos también condenados por el TPP y en parte bajo orden de suspensión por acción legal de comunidades en Campeche. En 2014 el gobierno publicó por primera vez, una solicitud para experimentar con frijol transgénico, a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Como para dejar en claro que se proponen terminar con todos los cultivos bases de la milpa, de la alimentación de la población y con la soberanía.
Aunque las empresas y gobierno parecen creer que es una cuestión de tiempo, de ataque, desgaste y esperar a que nos cansemos, lo cierto es que la defensa del maíz, de las semillas, de tierra y territorios, son luchas para siempre porque son la base de la vida de todas y todos. Pese a la duración y tamaño de la agresión, siempre habrá semillas campesinas y manos que las plantarán y volverán a germinar en muchas más.
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México 14, de junio de 2014

Tribunal internacional ético demanda la prohibición de maíz transgénico en México

 Pide a FAO y CBD que actúen en congruencia Submitted on 05 Diciembre 2014 4 DE DICIEMBRE, 2014, Ciudad de México— 



El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos llamó al gobierno mexicano a prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, tomando en consideración que es uno de los tres principales cereales que alimentan al mundo. El tribunal, que reunió evidencia proveniente de más de mil organizaciones sobre esta violación y otras más a los derechos de los pueblos, enfatizó la gravedad del tema por ser México centro de origen del cultivo. El gobierno mexicano, sentenció el tribunal, debe “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Siendo México el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país.” [1] 

 En el marco de la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos”, se plantearon 140 casos y testimonios de ataques a la vida campesina e indígena, a la alimentación y salud de la población, al derecho al agua, a la tierra y territorio, así como los impactos sobre campesinos y agricultores de los tratados de libre comercio, en particular del TLCAN, todo lo cual llevó a la destrucción de las bases para la soberanía alimentaria en México. En la acusación que condujo a la sentencia, las organizaciones sociales hablaron de los cultivos transgénicos como parte de la “guerra” contra la soberanía alimentaria. La acusación afirma que existe un “blindaje jurídico, privatización y normatividades paralegales, propias de los acuerdos comerciales que tienen como fin último la erradicación de toda producción independiente de alimentos.”[2] 

 El Tribunal también enfatizó que el tema del maíz rebasa las fronteras mexicanas. La sentencia llama a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a salvaguardar de la contaminación transgénica las variedades nativas y campesinas de maíz y le pide asumir la responsabilidad en los impactos que decisiones tomadas en México podrían tener a nivel global. Recomienda al Convenio sobre Diversidad Biológica que emprenda una investigación especial —con participación de pueblos indígenas y campesinos— para proteger los centros de origen de los cultivos y los derechos de los pueblos campesinos e indígenas que los crearon. “Luchar contra el maíz transgénico no es sólo una cuestión nacional” —afirma Verónica Villa del Grupo ETC en México. “Las comunidades y organizaciones continuarán peleando para que no se aprueben las semillas transgénicas, y el Tribunal Permanente de los Pueblos atrajo a la atención internacional el problema.” “La sentencia del Tribunal es muy clara”, dijo Pat Mooney, director del Grupo ETC. “A menos que el gobierno mexicano responda contundentemente, el mundo seguirá perdiendo la diversidad genética de uno de sus cultivos más importantes. Si México no actúa, las Naciones Unidas deberían hacerlo.” Entre los impactos potenciales de la liberación de maíz transgénico que enfatiza el veredicto del tribunal, se encuentran: La contaminación genética y la erosión de las variedades nativas y campesinas La apropiación de la producción nacional de maíz por parte de las corporaciones multinacionales de la agricultura El ataque directo a la cultura y las formas de sustento de la mayoría de los mexicanos El daño que implica para las abejas, el ambiente y las formas de sustento de miles de comunidades mayas por el uso de los agrotóxicos que necesitan los cultivos transgénicos. Agrupaciones campesinas y organizaciones sociales ven la posible aprobación de la siembra comercial de maíz transgénico como un ataque directo a la soberanía y seguridad alimentaria de México: “En los últimos catorce años, el gobierno asumió varias estrategias para contaminar. Primero penetró con transgénicos las regiones, intencionalmente y a trasmano, luego minimizó los efectos de los OGM, promulgó leyes para promoverlos, negó que toda Mesoamérica es centro de origen, terminó la moratoria que existía contra el maíz transgénico y comenzó a otorgar permisos de siembra piloto y experimental en el norte del país. En varias pre-audiencias se demostró con pruebas científicas y monitoreos comunitarios la dispersión de la contaminación transgénica de maíz y algodón campesinos en varios puntos del país (que es centro de origen de ambos cultivos). Los efectos de corto y largo plazo de esta invasión transgénica son catastróficos para la biodiversidad, la agricultura, la producción de alimentos y la salud de la población, no sólo para México, sino para el mundo.” [3] Pese a que México es el centro de origen del maíz, el gobierno actual y el anterior, autorizaron entre 2009 y 2012 la siembra de maíz transgénico en casi 200 parcelas experimentales y piloto en varias regiones del país. A partir de 2012, las empresas Monsanto, PHI México (DuPont) y Dow Agrosciences solicitaron plantar maíz transgénico a escala comercial. [4] La oposición nacional e internacional a esta contaminación intencional del centro de origen del maíz fue muy enérgica, con lo que se logró parar la liberación comercial, en una verdadera “moratoria” establecida popularmente.[5]

 En octubre 2013, una acción civil colectiva planteada por 53 individuos y 20 organizaciones, representados legalmente por Colectivas AC, consolidó esta moratoria popular, logrando que un juez ordenara la liberación de maíz transgénico en tanto se resuelve esta demanda. Las empresas mencionadas a las que se sumó Syngenta, siguieron presentando solicitudes de siembra de maíz transgénico experimental, piloto y comercial, totalizando 91 solicitudes aun no aprobadas desde 2012 para sembrar millones de hectáreas de maíz transgénico.[6] Esas empresas controlan más del 90 por ciento de las semillas transgénicas a nivel global y México representa un mercado al que no están dispuestas a renunciar. Esas empresas han presentado hasta la fecha 89 impugnaciones contra la demanda de acción civil y contra la suspensión de siembra de maíz transgénico. Monsanto presentó incluso una acción legal contra el juez Jaime Manuel Marroquín, quién otorgó la suspensión en vigencia, acusándolo de no ser imparcial. Lo más absurdo es que los propios organismos del gobierno mexicano, como la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), que deberían proteger el interés de los pueblos de México hayan también impugnado la suspensión, actuado claramente en defensa de las empresas y no de los ciudadanos, los campesinos y la biodiversidad. En la sentencia final el Tribunal reconoce como justa y necesaria “la resolución del juez Jaime Manuel Marroquín que en octubre de 2013 ordenó suspender todas las actividades de siembra de maíz transgénico en el país, así como detener los otorgamientos de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de dicha semilla.”[7] El Tribunal acusa como responsables de las violaciones al gobierno mexicano, a varias empresas transnacionales (entre las que se encuentran todas las que controlan la mayor parte de la cadena alimentaria, desde Monsanto a WalMart, pasando por Cargill y Nestlé), a gobiernos de terceros estados, como Estados Unidos y Canadá; y a diferentes instituciones internacionales. El Tribunal Permanente de los Pueblos fue fundado originalmente en 1966 por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, para denunciar los crímenes cometidos durante la guerra de Vietnam. Se le llamó entonces “Tribunal Russell”. Posteriormente se constituyó en tribuna permanente para dirimir violaciones a los pueblos del mundo, con secretaría internacional en la Fundación Basso, en Italia.[8] Entre sus objetivos se incluye, “dar voz a pueblos y colectivos sobre problemas que son fundamentales para ellos pero que no encuentran cabida o son rechazados por los Estados en cuestión,” al tiempo que proveen las bases para la articulación y movilización internacional, asegurando una comprensión cuidadosa de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus causas.[9] Mayor información Silvia Ribeiro, Grupo ETC, México grupoetc@etcgroup.org Verónica Villa, Grupo ETC, México veronica@etcgroup.org www.etcgroup.org/es http://www.tppmexico.org/
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